El sábado 15 de abril de 2017 la entonces Procuraduría General de la República informó que había sido detenido el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en Guatemala; acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los actos de corrupción de los que se le señalaba a Duarte tenían que ver, por ejemplo, con la firma de contratos en los que era beneficiaria una red de empresas fantasma, licitaciones para compras de productos que el gobierno veracruzano necesitaba otorgar a diversas poblaciones.

El día de la detención, la entonces PGR informó que “como resultado de las investigaciones realizadas […] Javier Duarte de Ochoa fue localizado y detenido”. En ese entonces, todo parecía indicar que efectivamente se trataba de una operación de inteligencia para dar con el paradero del ex gobernador de Veracruz.

Sin embargo, en julio de 2019, es decir dos años después de la detención, se dio a conocer un video donde el propio Javier Duarte habla sobre su inminente detención. En dicho video Duarte refirió lo siguiente:

“Hoy es sábado 15 de abril del 2017 […] quiero informar que en unos instantes más, de acuerdo al convenio establecido con el Gobierno Federal, seré detenido. Me entrego. Precisamente para poderme defender y poder cumplir con los acuerdos establecidos con el Gobierno Federal […] llevaré un proceso penal correspondiente, en donde espero tener poder tener elementos para salir bien librado del tema […] seré un preso político del sistema y desde ahora les digo que si en el caso de que me obligaran a hacer alguna declaración, alguna acusación en contra de persona alguna […] es contra mi voluntad y es precisamente por el hecho de estar detenido el que lo haré”

Así, Javier Duarte dejó entrever que, si su detención derivó de un pacto político, el proceso penal y todo lo que él dijera o hiciera en el mismo, también se trataría de pactos o presiones de actores o grupos de poder; tal como se narrará en este documento.