TOJIL junto con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentamos una denuncia ante la hoy Fiscalía General de la República, por la posible comisión de delitos de corrupción cometidos por funcionarios de SEDESOL, SEDATU y particulares, descubiertos a través del a investigación periodística de la Estafa Maestra. Como resultado, en agosto de 2019 un Juez Federal vinculó a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

En agosto de 2021 solicitamos al Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la instalación de una Misión Observadora de Juicios Justos en la audiencia de juicio oral dentro de la causa penal 314/2019 seguida en contra de Rosario Robles Berlanga. El objetivo de esta solicitud era dar seguimiento en tiempo real a la audiencia aludida con el fin de garantizar el principio de publicidad de las audiencias penales y, en consecuencia, garantizar que el juicio se llevara a cabo respetando el debido proceso y los derechos humanos a través de una organización ajena e imparcial al caso.

Sin embargo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal negó nuestra solicitud sin una justificación ni motivación legal adecuadas. En lugar de pronunciarse explícita y congruentemente respecto de la obligación jurídica de establecer la Misión Observadora solicitada, la autoridad responsable indebidamente fundamentó su respuesta en diversos Acuerdo Generales del Consejo de la Judicatura Federal regulan el acceso a las videograbaciones de las audiencias penales y la protección de los datos personales que se manejan en ellas; es decir, la transparencia de la información que se obtenga de las audiencias.

TOJIL presentó una demanda de amparo indirecto contra esa determinación, en la cual argumentamos una indebida fundamentación y motivación y, adicionalmente, una violación al principio de publicidad de las audiencias penales, el debido proceso y el acceso a la justicia. En mayo de 2022  un Juzgado de Distrito resolvió sobreseer el juicio de amparo indirecto. TOJIL interpuso un recurso de revisión en contra del sobreseimiento y un Tribunal Colegiado nos concedió el amparo y ordenó al Consejo de la Judicatura Federal dictar una nueva resolución.

Sin embargo, en el transcurso de lo anterior, un Tribunal Colegiado y el Juez de Distrito absolvieron a Rosario Robles de la investigación penal seguida en su contra y determinaron que el caso debía seguirse investigando únicamente en la vía administrativa. Esta resolución fue sumamente irregular e ilegal, puesto que la Constitución establece claramente que una misma conducta puede ser sancionada en la vía penal y administrativa, ya que ambas vías tienen distinta naturaleza y finalidad. Esta decisión fue impugnada por la Fiscalía General de la República y por la Auditoría Superior de la Federación Ante este escenario, en agosto de 2023 TOJIL solicitó al Consejo de la Judicatura Federal que ejerciera su facultad reguladora y estableciera en un acuerdo general el procedimiento para instaurar una Misión Observadora en casos de interés público y social que lo ameriten. Este tipo de mecanismos garantes de derechos humanos permiten que la sociedad y la comunidad internacional de defensores de derechos humanos actúen como una gran contraloría social que garantiza plenamente el debido proceso, la publicidad de las audiencias, y la autonomía, independencia, imparcialidad y legitimidad del Juez que resuelve el caso. Desafortunadamente, la autoridad negó la solicitud planteada y, por lo tanto, TOJIL llevará el caso ante un Juez Federal.