*La FGR investiga al secretario de Administración del IPN desde 2022 por ingresos irregulares de varios millones de pesos; el funcionario está ligado con una red de empresas irregulares y fachada que ha recibido más de tres mil millones de pesos en contratos de salud, fuerzas armadas y otros.

Por: TOJIL

El actual Jefe de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Javier Tapia Santoyo, y el coordinador de imagen institucional del mismo instituto, Marco Antonio Ramírez Urbina, están vinculados con una red de empresas irregulares y fantasma que ha recibido y triangulado más de tres mil 300 millones de pesos del erario provenientes de contratos del sector salud, y de instancias como las fuerzas armadas.

Desde 2022, la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000753/ en contra de Tapia y de su círculo por posibles hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Esto luego de que fuera denunciado por la Secretaría de la Función Pública y por Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía.

A través de nueve amparos Tapia Santoyo, su esposa y su familia han intentado acceder a las carpetas de investigación, frenar posibles órdenes de aprehensión, así como detener investigaciones de orden patrimonial y procedimientos de responsabilidad administrativa.

Una investigación realizada por la asociación civil TOJIL denominada “El Clan Biomédica: negocios, corrupción y complicidades detrás de la mayor empresa fantasma del sector salud” sustentada en documentos oficiales, datos abiertos y fuente federales revela las conexiones que ligan a Tapia Santoyo y Ramírez Urbina con la red de empresas encabezada por Interacción Biomédica SA de CV, una compañía ya declarada por el SAT como la mayor empresa facturera del sector salud.

En 2019 Reforma publicó que, con el inicio del nuevo sexenio y la decisión de cambiar a proveedores de medicamentos, a Biomédica le fueron adjudicados contratos que causaron desabasto. Impunidad Cero reveló que con Biomédica se habrían desviado más de 1 mil 613 millones de pesos en servicios facturados del sector salud estatal y federal, pues la empresa no tenía ni los recursos materiales ni humanos para hacer por ella misma nada. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad corroboró que la empresa jamás operó en su domicilio fiscal.

Lo que TOJIL prueba ahora es que Biomédica forma parte de una red de 84 compañías que se conectan entre sí por socios, apoderados, administradores, domicilios fiscales, objetos sociales y transacciones financieras. De estas empresas nueve son compañías ya declaras como fantasma por el SAT, seis empresas no están ubicables en sus domicilios, hay dos inhabilitadas y 28 tienen operaciones directas con Biomédica.

Tapia y Urbina están ligados con varias de ellas. En sitios web ya dados de baja Tapia figuraba como director de Biomédica y hay documentos y perfiles en redes que evidencian su relación con apoderados de la red. El hecho es grave no solo por ello sino porque el funcionario las ha favorecido de forma directa o a través de terceros con contratos y recursos y estas, a su vez, le han canalizado pagos.

Conexiones, empresas y pagos

En 2017 el SAT incluyó a Biomédica en su lista oficial de compañías que facturaron operaciones inexistentes, un hecho que la empresa no ha podido desvirtuar hasta la fecha. Sin embargo, un año después, en 2018, Tapia autorizó tres contratos para esta empresa desde la Dirección del Departamento de Mantenimiento y Contrataciones del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, la cual ocupó antes de ser ascendido en este sexenio como tesorero de todo el ISSSTE y luego como jefe de administración del IPN.

Esos primeros tres contratos, por un total de 11 millones 147 mil pesos, fueron autorizados por adjudicación directa, sin licitación o competencia pública. En su momento MCCI y TOJIL presentaron una denuncia que derivó en un procedimiento a cargo del Órgano Interno de Control del ISSSTE bajo el expediente 2019/ISSSTE/E565 el cual, sin embargo, no profundizó en las conexiones del funcionario con la empresa, y solo impuso una sanción administrativa por haber contratado a una empresa fantasma.

Lo anterior es la punta del iceberg. En su cuenta de Instagram, configurada como privada, Tapia Santoyo tiene entre sus contactos a José Irán Orta Sosa, Lois Alemao, Hansel Vega Ruiz, y Luis Román Garduño Villeda, todos apoderados en distintos momentos de Biomédica y de otras empresas que pertenecen a esta red, entre ellas Gerd Yerik SA de CV.

En su página web Gerd Yerik presumía como caso de éxito haber obtenido dos contratos con el Hospital 20 de Noviembre. Aunque estos contratos no son públicos, con Compranet se pudo identificar que datan de periodo en que Tapia laboraba como Director del Departamento de Mantenimiento de ese instituto.

Tras la llegada de Tapia Santoyo al IPN, dicho instituto también comenzó a adjudicar contratos a esta red empresarial. La Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura, subordinada a la oficina del funcionario federal, ha beneficiado a Gerd Yerik con contratos superiores a los 19 millones y medio de pesos. Fue justo tras la llegada de Tapia que esta empresa comenzó a recibir recursos de ese instituto. En su declaración patrimonial de 2022 Tapia dijo que, al mes, percibe ingresos por más de cien mil pesos de dos empresas privadas: Soluciones Biokavi SA de CV y Novamedix SA de CV. En su sitio web, Biokavi presume tener en sus clientes al ISSSTE. Es decir, un año después de dejar su cargo en dicho instituto, Tapia reportó que recibe recursos de una de las contratistas de la dependencia de salud donde laboró.

Respecto a Novamedix, los documentos revelan que Tapia Santoyoes su representante legal mientras que esposa, Fernanda Valenzuela del Olmo, es incluso accionista. La investigación de TOJIL documenta que Novamedix se conecta con la red a través de terceros, de domicilios, y han participado como “competidoras” en posibles licitaciones simuladas.

De hecho, el objeto social de Interacción Biomédica y de Novamedix es idéntico. Sus actas constitutivas no solo muestran que se dedican a lo mismo, sino que la redacción de sus amplias funciones es una copia casi completa. Las coincidencias son relevantes porque empatan con el traslado de recursos y evidencian un esquema donde proveedores triangulan recursos al funcionario.

Por ejemplo, en 2022 Tapia autorizó un contrato del IPN por nueve millones de pesos a la empresa Corporativo Esbiomed SA de CV, la cual es una compañía hermana y con el mismo accionista de Corporativo Duomed SA de CV, que a su vez tiene o tuvo al mismo gerente comercial (Diego Rodríguez) que Novamedix, la compañía de la esposa de Tapia y que mensualmente le traslada recursos al funcionario.

Otra empresa, Prevención y Soluciones K-B SA de CV, cuyo apoderado es Lois Alemao (que como ya se dijo también es amigo de Tapia Santoyo y apoderado de Interacción Biomédica), recibió del IPN un contrato por insumos de COVID que terminó incumpliendo según consta en un documento de responsabilidad sancionatoria.

Socios al amparo del poder

En la red identificada por TOJIL hay otra empresa con razón social Grupo Viviter SA de CV, cuyo objeto social también es una calca de Biomédica y Novamedix, y donde figura como accionista, Marco Antonio Ramírez Urbina. Esta persona no solo es cercana a Tapia, sino que es un servidor público y nada menos que el coordinador de imagen institucional de todo el IPN.

Las actas revisadas muestran que en Grupo Viviter SA de CV figura como apoderada legal Itzel Betzaí Tapia Santoyo, hermana de Javier Tapia Santoyo.

Ramírez Urbina también es accionista fundador de Corporativo Duomed, la empresa conectada a través de su gerente comercial – entre otras cosas – con Novamedix y estrechamente vinculada con Esbiomed, que ha recibido recursos del IPN. Ello evidencia que Ramírez no solo es amigo y colaborador de Tapia en el mismo instituto, sino también su socio y posible prestanombres.

Todo ello importa porque Corporativo Duomed es una empresa con una explosión de ganancias meteórica… al amparo del erario. Tan solo de 2019 a la fecha ha obtenido más de 130 millones de pesos en contratos entregados en su enorme mayoría por adjudicación directa de diversas instituciones de salud.

Duomed y Esbiomed fueron constituidas ante el mismo notario y comparten el mismo domicilio fiscal. El otro accionista fundador de Duomed y Esbiomed es Juan Manuel Arcia Pérez, quien también es apoderado de Grupo Preventivo NAMO.

Lo anterior cierra nuevamente el círculo de complicidades y traspasos ya que Grupo Preventivo NAMO, según los documentos oficiales del SAT a los que se tuvo acceso, registra operaciones financieras por 81 millones de pesos con Interacción Biomédica, la gigante fantasma del sector salud.

“Es decir, Tapia favoreció con un contrato a una empresa (Esbiomed) que tiene similitudes extremas con otra compañía en la que es accionista su colega, amigo y también funcionario Ramírez Urbina; y que tiene accionistas implicados en operaciones financieras con Biomédica, empresa con la que ha colaborado y formado parte el propio Tapia”, indica la investigación de TOJIL.

Los litigios

Desde hace tres años el jefe de administración del IPN y sus cercanos han tratado de frenar o al menos obstaculizar las investigaciones oficiales que tienen por objeto verificar su patrimonio, sus vínculos empresariales y sus operaciones financieras. TOJIL ubicó al menos nueve juicios de amparo que él y los suyos han promovido.

En 2021, por ejemplo, los Tapia promovieron tres juicios de amparo en contra de investigaciones por irregularidades administrativas en su contra. En 2022 se amparó contra una investigación más en su contra abierta en la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública.

El funcionario, su esposa, su hermana y su madre también promovieron entre 2020 y 2022 diversos amparos en contra de los procesos de verificación patrimonial iniciados en la SFP ante las sospechas de irregularidades. Y ante el temor de ser detenidos, toda la familia, incluyendo hijos y hasta el apoderado legal promovieron otra demanda contra posibles órdenes de aprehensión en su contra.

El juicio de amparo más reciente es el que Tapia solicitó en julio pasado y fue turnado al Juzgado 14 de Distrito en la materia con sede en Ciudad de México. Aunque todos los datos aparecen reservados en los registros públicos de la judicatura, TOJIL confirmó que se trata de un recurso promovido por el exfuncionario en contra de la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000753/2022 abierta desde 2022 en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la FGR.

La carpeta, según los confirmado por autoridades federales, se inició por posible enriquecimiento ilícito y lo que resulte luego de que tanto la SFP como la exjefa del SAT y actual Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, lo denunciaron tras encontrar discrepancias y operaciones legalmente inexplicables en su entorno.

Aunque para mover los recursos posiblemente ilícitos se han empleado a prestanombres o empresa fachada, las indagatorias ya han logrado identificar en torno a Tapia y su esposa posibles ingresos inexplicables que superan los siete millones y medios de pesos. Las indagatorias continúan. El jefe de administración de IPN ha intentado acceder a los datos de la carpeta antes de que llegue a anos de un juez de control. Por ello promovió el amparo y logró que el juez de amparo ordenara a la FECC presentar los registros de la indagatoria. Sin embargo, los fiscales presentaron una queja en contra de esa determinación que hasta el cierre de este texto sigue bajo análisis.

Responsables de la investigación: Miguel Meza, Arturo Ángel, Isaac Martínez, Natalia López, Fernanda Romero.

Redacción de esta nota: Arturo Ángel

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