Washington D.C., 25 de octubre de 2023
Comisión Interamericana de Derechos Humanos notifica al Gobierno de México el inicio del trámite para la admisión de un caso en su contra por posibles violaciones a los derechos humanos al negar la participación de las víctimas de corrupción en caso Javier Duarte de Ochoa.
- La notificación de esta etapa es un primer gran paso para que este caso, presentado por las cofundadoras de TOJIL con apoyo de la organización DPLF, pueda llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- De admitirse el caso y eventualmente sancionarse al Estado Mexicano, este sería un gran precedente para la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción en América Latina.
- El caso deriva de la denuncia presentada por TOJIL por posibles actos de corrupción entre funcionarios de la Fiscalía General de la República y el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa.
Washington D.C., 25 de octubre de 2023. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Gobierno de México el inicio del trámite para la admisión de un caso en su contra por posibles violaciones a los derechos humanos al negar la participación de las víctimas de corrupción en caso Javier Duarte. La CIDH informó lo anterior a las cofundadoras de la organización TOJIL, quienes desde 2018 han emprendido esta lucha para que el caso no quede impune.
A partir de esta notificación, el Gobierno de México cuenta con un plazo de tres meses para responder y con ello la Comisión pueda determinar la admisión final del caso. Este caso deriva de la denuncia presentada por las cofundadoras de TOJIL Adriana Greaves y Estefania Medina en 2018, por posibles actos de corrupción entre funcionarios de la Fiscalía General de la República y el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte.
Sin embargo, diversas autoridades les negaron la participación como víctimas en el proceso de manera sistémica, causando graves violaciones a derechos humanos. Por lo que, una vez agotados los mecanismos nacionales, en 2020, con el apoyo de la organización Due Process of Law Foundation (DPLF), presentaron el caso ante la CIDH.
“De admitirse el caso y eventualmente llegar a sancionarse al Estado mexicano, este sería un gran precedente para la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción en todo América Latina”, refirieron Adriana Greaves y Estefania Medina cofundadoras de la organización.
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Priscila García
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