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TOJIL junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentamos una denuncia ante la hoy Fiscalía General de la República, por la posible comisión de delitos de corrupción cometidos por funcionarios de SEDESOL, SEDATU y particulares, descubiertos a través del a investigación periodística de la Estafa Maestra.

Al igual que en el caso Duarte, este caso aportaría a la construcción de un importante precedente para que una ONG´s como TOJIL, tengan el carácter de víctima colectiva y puedan participar en la investigación y en el proceso.

Actualmente el tema se debate ante tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Aquí puedes ver la audiencia:


caso javier duarte

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Desde TOJIL, presentamos una denuncia ante la Visitaduría de la Procuraduría - ahora Fiscalía- General de la República, por un posible delito de corrupción (cohecho), por parte de Ministerios Públicos de la Federación que solicitaron una pena de solo 9 años de prisión en el caso de Javier Duarte de Ochoa (ex gobernador de Veracruz), derivado de lo cual se inició una investigación.

 Lo más relevante de este caso, es que se busca el histórico precedente para que una ONG como TOJIL, sea reconocida como víctima en un hecho de corrupción y con ello contribuir en la investigación a aportando evidencias y dotado al procedimiento de transparencia e imparcialidad.

 Actualmente el tema se debate ante tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Aquí puedes ver la audiencia:


Caso Principio de Publicidad dentro del proceso penal

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En defensa del principio de publicidad de las audiencias penales, que implica que todas las personas podamos observar y escuchar las audiencias públicas a través de las que se desarrolla un procedimiento penal. Desde TOJIL hemos impulsado una serie de acciones legales para que los ciudadanos podamos tener acceso a este derecho no solamente presenciando estas audiencias de manera personal sino a través de los registros de audio y video de estas audiencias.

 Esto a fin de propiciar la transparencia en la resolución de casos, fortalecer el acceso a la justicia y garantizar que la ciudadanía pueda fungir como garante de debido proceso.

 Actualmente el tema se debate ante tribunales del Poder Judicial de la Federación.