Tojil Estrategia contra la impunidad

Somos una asociacion civil sin fines de lucro conformada por un equipo de abogados especializados en materia penal, cuyo objetivo es incidir en la transformación y mejora de las políticas públicas a nivel nacional en materia de justicia penal de nuestro país.

La corrupción y el Sistema de Justicia Penal. ¿Quiénes son las víctimas?

Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas.
— Honoré de Balzac

El fenómeno que todos conocemos, pero que pocos queremos denunciar. El secreto a voces que día con día debilita nuestras instituciones y nuestra seguridad jurídica. El gran mal del que todos los mexicanos nos decimos cansados y enojados, pero del que pocos levantamos la voz para decir: basta. Es la corrupción.

La relación entre la corrupción y la justicia penal.

Ante la interrogante: ¿qué relación existe o debiera existir entre el fenómeno de la corrupción y el Sistema de Justicia Penal (SJP)? Parece atinado precisar que la corrupción es un problema multifactorial y su erradicación no recae exclusivamente en el ámbito jurídico. No obstante, el derecho penal debería ser el instrumento idóneo para investigar, sancionar y prevenir dicho fenómeno. Pese a ello, el SJP al día de hoy ha mostrado limitaciones sustanciales en dicho ámbito.

En este contexto valdría la pena puntualizar que existen dos vertientes dentro de la relación entre la corrupción y el SJP. La primera se refiere al SJP como herramienta fundamental del combate a los delitos de corrupción, y la segunda es la corrupción gestada dentro de la propia operación del SJP.

En este sentido, hay dos principales cuestionamientos que parecieran fundamentales: i) ¿qué está haciendo el derecho penal para combatir y erradicar la corrupción? y, ii) ¿cómo está el cáncer de la corrupción afectando la aplicación del SJP?

El SJP como herramienta de combate a la corrupción.

Respondiendo la pregunta antes planteada, debemos reconocer que desde diversas trincheras se han generado esfuerzos para que la justicia penal realmente se vuelva un instrumento efectivo de persecución de los delitos asociados a la corrupción, sin embargo, siguen vigentes ciertas dificultades para la adecuada investigación de estos delitos, de entre las que podríamos destacar: i) la falta de mecanismos de rendición de cuentas del órgano investigador, ii) dificultades de las autoridades para acreditar los delitos (incluyendo las deficiencias en las investigaciones), iii) falta de contrapesos por parte de la víctima, y iv) finalmente, la propia corrupción al interior del SJP.

Por ejemplo, la PGR durante su informe de resultados dentro del periodo del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, manifestó que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia es decir, donde actualmente se investigan una gran gama de tipos penales relacionados con la corrupción, inició 265 carpetas de investigación.[1]

Sin embargo, no se reporta que se hubiera judicializado ninguna de estas investigaciones dentro del sistema de justicia acusatorio, por lo tanto no se ha obtenido ninguna resolución judicial (sentencia) durante ese periodo. Estos resultados son contrastantes -escalofriantes- contra los altos índices de corrupción que se han detectado a través de evaluaciones a nivel nacional e internacional.

Así, uno de los grandes problemas del derecho penal en la lucha contra la corrupción, es que procesalmente la persecución de los delitos de corrupción presenta muchas dificultades debido a la falta de impulso procesal y a la falta de incentivos para darle seguimiento puntual a dichos procesos.

Lo anterior se debe en gran medida a que en algunos casos, no es tan clara la identificación de una víctima individual, y por tanto: (i) no existe persona interesada en poner en conocimiento de las autoridades el hecho delictivo, y (ii) no se genera el contrapeso contra la autoridad investigadora en el proceso penal para la persecución de estos hechos.

La corrupción dentro de la propia operación del SJP.

Ahora bien, regresando a la segunda pregunta planteada: ¿cómo está el cáncer de la corrupción afectando al Sistema de Justicia Penal? Es aquí donde inicia “otra triste historia” debido a que después de la reforma de 2008 parecía que, con la llegada de un proceso más transparente, justo y respetuoso de los derechos de las partes, el problema de la corrupción del propio sistema, simple y sencillamente desaparecería, así, como por arte de magia.

Pero pese a los importantes beneficios que se han generado en materia de debido proceso y acceso a la justicia, una de las principales problemáticas del sistema acusatorio, al igual o incluso más grave que en el sistema anterior (tradicional), sigue siendo la corrupción.

Efectivamente, pareciera parte de un cuento o de una historia surrealista, pero no,  la solicitud de dinero, bienes o beneficios por parte de ministerios públicos, policías, peritos o jueces, a cambio de cosas tan sencillas como unas copias de un expediente. O con consecuencias más complejas como el liberar a personas detenidas, determinar las investigaciones, acceder a un proceso abreviado con una condena menor o dar absoluciones a personas con plena evidencia de su culpabilidad, continúan siendo parte del día a día en el argot de la justicia penal en nuestro país.

No obstante, al igual que en los delitos de corrupción en general, se advierte que existen importantes espacios de oportunidad en la investigación y persecución de los delitos cometidos por los propios servidores públicos a cargo de la procuración de justicia en el desarrollo de un procedimiento penal. En el mismo periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 30 de junio de 2017, la Visitaduría General de la PGR, refirió que se iniciaron un total de 822 carpetas de investigación contra servidores públicos, se concluyeron 306 y, pero solo se judicializaron siete.[2]

Entrando al mundo de las problemáticas, ¿cuáles serán algunos de los factores más destacados por los que no se investigan y sancionan estos delitos? i) la falta de interés por parte de los testigos que regularmente pudieran estar vinculados con otro delito, ii) la pericia por parte de quien los comete (que son servidores públicos del SJP), iii) la vinculación de mandos medios y altos, y iv) especialmente la falta de contrapesos por parte de las víctimas.

En ese contexto, surge un nuevo y quizás más importante cuestionamiento ¿qué podemos hacer los ciudadanos frente la falta de efectividad del SJP en el combate a la corrupción?

La calidad de víctima u ofendido en los delitos de corrupción.

Habiendo argumentado a favor de la conveniencia de reconocer la posibilidad de intervención del sujeto afectado en los procesos penales, particularmente por lo que se refiere a su colaboración y el contrapeso que debiera ejercer, es importante poder identificar quien detenta esa calidad en los delitos de corrupción.

Sin embargo, procesalmente la persecución de los delitos de corrupción presenta varias dificultades, una de ellas, es la referida a quién puede ser considerado víctima u ofendido en estos delitos y, por tanto, legitimado para ser parte dentro del proceso penal.

Lo anterior toda vez que la mayoría de los delitos de corrupción, como cohecho, peculado, ejercicio indebido del servicio público, entre otros, consideran que el bien jurídico protegido por la norma no es un bien de titularidad individual. Sino que implican además un atentado directo contra una diversidad de bienes jurídicos, entre los que se distinguen: (i) la adecuada administración pública, (ii) la hacienda o erario público, (iii) la debida procuración y administración de justicia, (iv) el derecho a vivir libre de corrupción, y (v) la confianza ciudadana otorgada por el pacto social que establece la Constitución.

En ese contexto, y ante la pregunta: ¿quiénes son las víctimas? Parece el momento oportuno de plantearnos si resultaría jurídica y ontológicamente viable la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil, puedan representar los intereses colectivos de la sociedad como víctimas dentro de un proceso penal en los delitos de corrupción. Tal y como se ha incursionado en otras materias, como en las acciones colectivas civiles y en el interés legítimo en el juicio de amparo.

Adriana Greaves y Estefania Medina.

Cofundadoras de TOJIL

 

 

[1]  5° informe de labores 2016-2017 Gobierno de la República, consulta en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253660/4.SEIDF.pdf

[2] 5°Informe de labores 2016-2017 Gobierno de la República, consulta en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253666/9.VG.pdf.