Tojil Estrategia contra la impunidad

Somos una asociacion civil sin fines de lucro conformada por un equipo de abogados especializados en materia penal, cuyo objetivo es incidir en la transformación y mejora de las políticas públicas a nivel nacional en materia de justicia penal de nuestro país.

Justicia vs impunidad, ¿quién ganará?

Pareciera que fue ayer, pero fue hace casi ya una década que los mexicanos decidimos que nuestro sistema de justicia debía cambiar. Debía cambiar, simple y sencillamente porque vivíamos en un país en el que se encerraba en la cárcel a inocentes, se dejaba sin sanción a los culpables y se cometían una serie de tropelías en contra de los derechos de las víctimas de un delito.

Se dijo entonces, que teníamos un sistema de justicia “podrido” por la corrupción, la opacidad y las recurrentes violaciones a los derechos humanos de cualquier persona que tuviera el desatino de pasar por una agencia del Ministerio Público o un Juzgado Penal. Además, se mencionaba que la situación era aún peor si resultaba que era una mujer víctima de un delito de violencia de género.

Fue entonces que se llevó a cabo la reforma legal más importante de este país en materia de justicia. Nos emocionamos al saber que ahora los juicios se llevarían en audiencias públicas ante el juez, que la prisión preventiva “la cárcel” durante el proceso sería una excepción, que los procesos serían más cortos, que se respetarían los derechos de acusados y de víctimas y sobre todo que terminaríamos con el cáncer del sistema de justicia: la corrupción.

Fue así, que por primera vez en mucho tiempo este país aspiro a ver cristalizado un sueño, un sueño en el que no importa a que clase social pertenezcas, si eres mujer, hombre o transgénero, si eres indígena o perteneces a cualquier otro grupo vulnerable, porque todas las personas serían tratadas por igual y tendrían la misma posibilidad de acceder a la justicia si eran víctimas de un delito o si fueran acusadas por cometer alguno. Es decir, erradicar finalmente la grave crisis de impunidad por la que nuestro país ha estado sumergido durante años.

A partir de esta reforma (en realidad un poco antes), se han realizado importantísimos esfuerzos por parte de autoridades de todos los poderes y de todos los niveles de gobierno, de la sociedad civil e incluso de gobiernos hermanos, para ayudarnos a construir un sistema de justicia penal digno de México y digno de los mexicanos.

Sin embargo, hay que ser sinceros y autocríticos con nosotros mismos: los esfuerzos han sido muchos, pero no suficientes. De acuerdo con el World Justice Proyect (Rule of law Index 2017-1018) México sigue ocupando el lugar 92 de 113 países en estado de derecho. Además, aunque resulte difícil de creer, el rubro en el que resulta peor evaluado es: justicia penal, que lo coloca como el país 105 de 113 a nivel global.

Así las cosas, de conformidad con diversas mediciones, la impunidad que padece nuestro país es alarmante. De acuerdo al índice Global de Impunidad, México es el cuarto país del mundo y el primero en América Latina con mayor impunidad.

Adicionalmente, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 revela que la cifra negra en el país alcanzó en el 2016 el 93.6%. Esto se debe, entre otras razones, a la falta de confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones de procuración de justicia que mencionan que las instituciones no tienen ni la intención de castigar a quienes violan la ley. Argumento que se fortalece con cifras que muestran que solamente el 3% de las investigaciones abiertas del 2016 llegaron a sentencias condenatorias.[1]

Por otro lado, la creciente inseguridad también es un tema preocupante. Según datos de COPARMEX, el 43% de las empresas han sido presas de algún delito y de acuerdo a encuestas de victimización y violencia, tenemos una tasa de casi 29 mil delitos por cada 100 mil habitantes[2]. Más aún, cifras recientes revelan que el fenómeno de violencia por el que atraviesa nuestro país está lejos de disminuir, pues enero y febrero de 2018 han sido el bimestre del año más violento con 4,937 homicidios en 59 días. Se trata de la cifra más alta desde 1997. Esta cifra, equivale a casi cuatro asesinatos por hora y es 21% mayor a la cifra registrada en el mismo periodo de 2017, que fue el año con más homicidios dolosos en la historia[3].

Entonces, ante este panorama surgen varios cuestionamientos, algunos pesimistas como: ¿Estamos destinados a vivir en un país lleno de impunidad?, ¿Será que la corrupción es parte de nuestra cultura?, o algunos más realistas como: ¿Qué falta por hacer? y ¿Cómo lo podemos hacer?

El nuevo sistema de justicia penal es en definitiva un mejor camino para el acceso a la justicia, es mucho más justo, transparente y eficiente. No obstante, la falta de un adecuado funcionamiento está propiciando altos índices impunidad, que han sido sistemáticamente identificados como los principales factores que inhiben la implementación de otras reformas estructurales y también inhiben la competitividad y el desarrollo económico del país en general.

En particular la corrupción es un problema directamente asociado a la impunidad que priva en nuestro país. Los datos son contundentes: México ocupa el último lugar en combate a la corrupción entre los países de la OCDE y de acuerdo al índice de Percepción de la Corrupción, en 2015 México ocupó el lugar 95 de los 168 países evaluados. Más aún, de conformidad con el INEGI y su reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en 2017 al 14% de los ciudadanos se les solicito una mordida al hacer un trámite.

Ante este escenario, y respondiendo al qué y cómo debemos hacer frente a esta problemática, resulta importante antes definir el quiénes.  Pareciera que es una respuesta sencilla, pero no lo es tanto, el adecuado funcionamiento de nuestro sistema de justicia es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno, es decir, nos toca a todos. Dadas las cifras escalofriantes, la problemática debe atenderse con mayor diligencia y premura pues pareciera que no nos queda mucho tiempo.

Por ello, hoy desde la trinchera de la sociedad civil, TOJIL (del maya lo justo o lo correcto), busca sumar esfuerzos para reducir la impunidad dentro del sistema de justicia penal y favorecer el acceso a la justicia efectiva a través de la implementación de una estrategia integral para:

(i) prevenir y erradicar la corrupción;

(ii) modificar prácticas que vulneren el derecho a un proceso adecuado y

(iii) propiciar la equidad de género en materia penal.

Así que ante el cuestionamiento de ¿Quién ganará, en esta lucha entre la justicia y la impunidad? Aunque el panorama es poco alentador, no es tiempo de rendirnos, es tiempo de sumar esfuerzos y apresurar el paso para cumplir el sueño de tener un México más justo, más transparente y más seguro.

Adriana Greaves  y Estefania Medina.

Cofundadoras de TOJIL

 

 

 

 

[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (septiembre, 2017). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017. Recuperado el 26 de marzo de 2018, del Sitio web: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf

[2] Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). (20 de marzo, 2018). La Reforma Faltante: El Estado de Derecho. Recuperado el 26 de marzo de 2018, del sitio web: http://coparmex.org.mx/la-reforma-faltante-el-estado-de-derecho/

[3] Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (marzo, 2018). Incidencia Delictiva del fuero común 2018, Instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las victimas CNSP/38/15. Recuperado el 26 de marzo de 2018, del sitio web: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2018.pdf