Tojil Estrategia contra la impunidad

Somos una asociacion civil sin fines de lucro conformada por un equipo de abogados especializados en materia penal, cuyo objetivo es incidir en la transformación y mejora de las políticas públicas a nivel nacional en materia de justicia penal de nuestro país.

Organización TOJIL en apoyo a la independencia judicial

  • Organización TOJIL se pronuncia por el reconocimiento del Poder Judicial de la Federación como una de las instituciones más sólidas y eficaces en el país.

  • Se reconoce que aún existen temas pendientes para mejorar esa institución de impartición de justicia, pero que estas medidas no deben de ninguna manera comprometer la independencia judicial, tal como lo hace la recién aprobada Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

  • La nueva ley que implica la reducción de los salarios de los integrantes de del Poder Judicial de la Federación compromete la independencia judicial por lo que se invita al poder legislativo a aprobar reformas inmediatas y que nuevas reformas en ese sentido sean analizadas junto con la sociedad.

Derivado de las recientes declaraciones referentes a la reforma al Poder Judicial, Organización TOJIL reconoce que el Poder Judicial de la Federación ha logrado considerarse durante los últimos años como una de las mejores instituciones del país, con un alto grado de confiabilidad, autonomía y excelencia en su desempeño. La cual, a través de sus importantes precedentes ha logrado situar a los derechos humanos y su garantía como uno de los pilares del sistema democrático mexicano.

Es importante señalar que este grado de institucionalidad se ha construido principalmente con motivo de sus importantes esfuerzos en la construcción de su capital humano a través de la capacitación, salarios, recursos materiales e institucionalidad por parte de todos sus miembros.

El propio Poder Judicial de la Federación ha expresado que existen temas pendientes que deben seguir siendo atendidos, como los son: i)terminar de instaurar un sistema de promoción meritocrática, ii)  lograr que la impartición de justicia sea pública lo cual haga transparente la labor del poder judicial y iii) erradicar la corrupción dentro de las instituciones, sin embargo, desde Organización TOJIL estamos convencidos que las modificaciones legales y presupuestarias deben de ser directamente enfocadas a la mejora  y construcción de del Poder Judicial garantizando en todo momento la independencia judicial.

Por tal motivo, se considera que la aplicación de las disposiciones de la recién aprobada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que junto con una reforma al artículo 94 de la Constitución Política, que implicaría la reducción de salarios no solo de Jueces y Magistrados, sino también posiblemente la del personal que conforma el Poder Judicial de la Federación es un completo retroceso a la independencia judicial y a los grandes logros en que en materia de institucionalidad ha logrado nuestro país.

Por ello se invita al Poder Legislativo para que previo a su entrada en vigor, se realicen reformas a dicho ordenamiento, en las que se debata de manera abierta tomando en consideración a la sociedad civil e integrantes del Poder Judicial de la Federación, la modalidad en la que deberán ser aplicadas para dicho poder autónomo, así como generar un diálogo abierto para futuras reformas de para tal fin. No debemos olvidar que los servidores públicos que imparten justicia son la última salvaguarda para el ejercicio de las libertades de todos.  

Estefania Medina y Adriana Greaves

Cofundadoras

 

TOJIL 

-Estrategia contra la impunidad-

 

 

Justicia vs impunidad, ¿quién ganará?

Pareciera que fue ayer, pero fue hace casi ya una década que los mexicanos decidimos que nuestro sistema de justicia debía cambiar. Debía cambiar, simple y sencillamente porque vivíamos en un país en el que se encerraba en la cárcel a inocentes, se dejaba sin sanción a los culpables y se cometían una serie de tropelías en contra de los derechos de las víctimas de un delito.

Se dijo entonces, que teníamos un sistema de justicia “podrido” por la corrupción, la opacidad y las recurrentes violaciones a los derechos humanos de cualquier persona que tuviera el desatino de pasar por una agencia del Ministerio Público o un Juzgado Penal. Además, se mencionaba que la situación era aún peor si resultaba que era una mujer víctima de un delito de violencia de género.

Fue entonces que se llevó a cabo la reforma legal más importante de este país en materia de justicia. Nos emocionamos al saber que ahora los juicios se llevarían en audiencias públicas ante el juez, que la prisión preventiva “la cárcel” durante el proceso sería una excepción, que los procesos serían más cortos, que se respetarían los derechos de acusados y de víctimas y sobre todo que terminaríamos con el cáncer del sistema de justicia: la corrupción.

Fue así, que por primera vez en mucho tiempo este país aspiro a ver cristalizado un sueño, un sueño en el que no importa a que clase social pertenezcas, si eres mujer, hombre o transgénero, si eres indígena o perteneces a cualquier otro grupo vulnerable, porque todas las personas serían tratadas por igual y tendrían la misma posibilidad de acceder a la justicia si eran víctimas de un delito o si fueran acusadas por cometer alguno. Es decir, erradicar finalmente la grave crisis de impunidad por la que nuestro país ha estado sumergido durante años.

A partir de esta reforma (en realidad un poco antes), se han realizado importantísimos esfuerzos por parte de autoridades de todos los poderes y de todos los niveles de gobierno, de la sociedad civil e incluso de gobiernos hermanos, para ayudarnos a construir un sistema de justicia penal digno de México y digno de los mexicanos.

Sin embargo, hay que ser sinceros y autocríticos con nosotros mismos: los esfuerzos han sido muchos, pero no suficientes. De acuerdo con el World Justice Proyect (Rule of law Index 2017-1018) México sigue ocupando el lugar 92 de 113 países en estado de derecho. Además, aunque resulte difícil de creer, el rubro en el que resulta peor evaluado es: justicia penal, que lo coloca como el país 105 de 113 a nivel global.

Así las cosas, de conformidad con diversas mediciones, la impunidad que padece nuestro país es alarmante. De acuerdo al índice Global de Impunidad, México es el cuarto país del mundo y el primero en América Latina con mayor impunidad.

Adicionalmente, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 revela que la cifra negra en el país alcanzó en el 2016 el 93.6%. Esto se debe, entre otras razones, a la falta de confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones de procuración de justicia que mencionan que las instituciones no tienen ni la intención de castigar a quienes violan la ley. Argumento que se fortalece con cifras que muestran que solamente el 3% de las investigaciones abiertas del 2016 llegaron a sentencias condenatorias.[1]

Por otro lado, la creciente inseguridad también es un tema preocupante. Según datos de COPARMEX, el 43% de las empresas han sido presas de algún delito y de acuerdo a encuestas de victimización y violencia, tenemos una tasa de casi 29 mil delitos por cada 100 mil habitantes[2]. Más aún, cifras recientes revelan que el fenómeno de violencia por el que atraviesa nuestro país está lejos de disminuir, pues enero y febrero de 2018 han sido el bimestre del año más violento con 4,937 homicidios en 59 días. Se trata de la cifra más alta desde 1997. Esta cifra, equivale a casi cuatro asesinatos por hora y es 21% mayor a la cifra registrada en el mismo periodo de 2017, que fue el año con más homicidios dolosos en la historia[3].

Entonces, ante este panorama surgen varios cuestionamientos, algunos pesimistas como: ¿Estamos destinados a vivir en un país lleno de impunidad?, ¿Será que la corrupción es parte de nuestra cultura?, o algunos más realistas como: ¿Qué falta por hacer? y ¿Cómo lo podemos hacer?

El nuevo sistema de justicia penal es en definitiva un mejor camino para el acceso a la justicia, es mucho más justo, transparente y eficiente. No obstante, la falta de un adecuado funcionamiento está propiciando altos índices impunidad, que han sido sistemáticamente identificados como los principales factores que inhiben la implementación de otras reformas estructurales y también inhiben la competitividad y el desarrollo económico del país en general.

En particular la corrupción es un problema directamente asociado a la impunidad que priva en nuestro país. Los datos son contundentes: México ocupa el último lugar en combate a la corrupción entre los países de la OCDE y de acuerdo al índice de Percepción de la Corrupción, en 2015 México ocupó el lugar 95 de los 168 países evaluados. Más aún, de conformidad con el INEGI y su reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en 2017 al 14% de los ciudadanos se les solicito una mordida al hacer un trámite.

Ante este escenario, y respondiendo al qué y cómo debemos hacer frente a esta problemática, resulta importante antes definir el quiénes.  Pareciera que es una respuesta sencilla, pero no lo es tanto, el adecuado funcionamiento de nuestro sistema de justicia es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno, es decir, nos toca a todos. Dadas las cifras escalofriantes, la problemática debe atenderse con mayor diligencia y premura pues pareciera que no nos queda mucho tiempo.

Por ello, hoy desde la trinchera de la sociedad civil, TOJIL (del maya lo justo o lo correcto), busca sumar esfuerzos para reducir la impunidad dentro del sistema de justicia penal y favorecer el acceso a la justicia efectiva a través de la implementación de una estrategia integral para:

(i) prevenir y erradicar la corrupción;

(ii) modificar prácticas que vulneren el derecho a un proceso adecuado y

(iii) propiciar la equidad de género en materia penal.

Así que ante el cuestionamiento de ¿Quién ganará, en esta lucha entre la justicia y la impunidad? Aunque el panorama es poco alentador, no es tiempo de rendirnos, es tiempo de sumar esfuerzos y apresurar el paso para cumplir el sueño de tener un México más justo, más transparente y más seguro.

Adriana Greaves  y Estefania Medina.

Cofundadoras de TOJIL

 

 

 

 

[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (septiembre, 2017). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017. Recuperado el 26 de marzo de 2018, del Sitio web: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf

[2] Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). (20 de marzo, 2018). La Reforma Faltante: El Estado de Derecho. Recuperado el 26 de marzo de 2018, del sitio web: http://coparmex.org.mx/la-reforma-faltante-el-estado-de-derecho/

[3] Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (marzo, 2018). Incidencia Delictiva del fuero común 2018, Instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las victimas CNSP/38/15. Recuperado el 26 de marzo de 2018, del sitio web: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2018.pdf

 

¿Qué es el dolo eventual?

Durante los últimos días la sociedad mexicana se ha visto polarizada en un debate nacional respecto de las implicaciones jurídico-penales en las que puede incurrir un médico en el desempeño de su labor. En ese escenario se han escuchado diversas voces que parecieran enfrentar el mundo jurídico con el mundo de la salud. Ello, derivado de la vinculación a proceso penal del traumatólogo Luis Alberto Pérez Méndez, por el delito de homicidio intencional (dolo eventual) con la agravante de responsabilidad médica, en agravio del menor, Edward Luna Trujillo.

Por tal motivo y desde luego en absoluto respeto y admiración por la labor que realizan tanto los médicos de nuestro país como los encargados de procurar e impartir justicia, vale la pena realizar algunas reflexiones que desde la esfera del derecho penal tocan este lamentable caso que ha conmocionado a México.

En principio se entiende el interés que ha generado el caso pues, pareciera que es un peligroso precedente que puede quedar sentado y que afectaría a todo profesionista de la salud toda vez que abriría la posibilidad a que, “en cualquier caso” de negligencia médica, puedan los médicos ser acusados de homicidio doloso por una eventualidad médica. Sin embargo, eso pareciera más un mito que una realidad.

Debido a que entre tanto dialogo se ha perdido de vista el punto jurídico. La cuestión está en qué, dentro de todo este debate, nadie está dudando de la integridad personal o la trayectoria del médico. El debate debiera existir únicamente en la esfera jurídica respecto a si se acreditan o no los elementos del tipo penal de homicidio con naturaleza de dolo eventual y con agravante de responsabilidad médica.

Ahora bien, en el caso concreto, así como en todos los demás casos, se requiere acreditar que los hechos se derivaron de una conducta típica, antijurídica y culpable para que el hecho, en este caso por la mala praxis, le pueda ser imputado a un profesionista de la salud.

Del artículo 8o. del Código Penal del Estado de Oaxaca se desprende que los delitos pueden ser dolosos o culposos. El mencionado artículo establece que actúa con dolo la persona que al momento de la realización del hecho se representa el resultado típico y quiere o acepta su realización.

Aquí es de fundamental importancia señalar que el dolo, a su vez, admite dos modalidades: directo y eventual.[1] El primero se puede asimilar a la intención toda vez que, el sujeto se representa el resultado típico (el resultado del delito) como algo seguro, es decir, prevé que se producirán con seguridad y quiere su realización.

Por otro lado, el dolo eventual, del cual se ha hablado tanto últimamente, se presenta cuando el sujeto activo al momento de la realización del hecho se representa el resultado típico como algo probable y lo acepta en caso de que ocurra, esto se traduce en que no persigue el resultado y tampoco lo prevé como seguro, sino que sólo prevé que es posible que se produzca, y en el caso de su producción lo asume.

Habiendo explicado un poco a que se refiere el dolo eventual del que tanto se habla y que le atribuyen a la naturaleza de la conducta llevada a cabo en el caso específico por el médico imputado. Cabe precisar que la Fiscalía General del Estado, como instancia investigadora de los delitos, a su parecer encontró elementos probatorios suficientes para acreditar el dolo eventual en las conductas del hoy vinculado a proceso. Lo cual, desde luego es completamente discutible, pero solo teniendo al alcance todos los antecedentes del caso (los cuales no se conocen a detalle en la opinión pública).

Ahora bien, en el caso en concreto, debe analizarse si el resultado se debió a que los médicos, Luis Alberto Pérez Méndez y Gabriela Cruz López, actuaron con apego a la Lex Artis[2] en el caso concreto y verificar si el acto o actos ejecutados se ajustan a las normas de excelencia del momento. Por lo tanto, se juzgará el tipo de actuación y el resultado obtenido, tomando en consideración elementos específicos como las características especiales de los imputados, el estado de desarrollo el área profesional de la cual se trate, la complejidad del acto médico, la disponibilidad de elementos, el contexto, las circunstancias específicas del paciente y de la cirugía.

Es importante precisar, que aun y cuando en efecto, pareciera “exagerado” que se atribuya una naturaleza dolosa (eventual) a la conducta, ese escrutinio será debidamente analizado por el juzgador cuando se deban acreditar los elementos del tipo penal. Será el órgano jurisdiccional, la institución facultada para impartir justicia quien en el juicio y con base en elementos probatorios, resolver si existió dolo eventual en la conducta del autor.

En otras palabras, la “vinculación a proceso”, no es una sentencia, es una etapa muy preliminar del inicio de un procedimiento penal, que aún va correr su curso en una investigación complementaria y posiblemente un juicio. ¿Para qué son los juicios? precisamente son para establecer si se da la existencia de un hecho delictivo y la naturaleza en que este se cometió, pudiendo ser de manera dolosa o culposa.

En ese contexto, un quizás elemento importante que se ha desdibujado en el debate nacional, es que esa pequeña diferencia entre una clasificación jurídica preliminar para un delito de homicidio doloso y un delito homicidio culposo, de acuerdo al artículo 19 Constitucional, hace una gran diferencia entre poder llevar un procedimiento penal en libertad (con una medida cautelar diversa a la prisión) o llevar un proceso en prisión preventiva (oficiosa) tal como el caso que nos ocupa.

Una de las preguntas que deberán responderse en el transcurso del procedimiento penal, es: ¿los imputados previeron como posible la realización del resultado (muerte) y aceptaron su realización? Si la respuesta es sí, entonces podríamos estar frente a un dolo eventual.[3] Si la respuesta es no, quizás podremos estar ante un caso de culpa con o sin representación.

Todas estas reflexiones tienen como principal objetivo compartirles, que el tema a dilucidar implica en sí mismo un caso de amplío debate no solo en la opinión pública, sino en el propio mundo jurídico. Que el derecho penal, al igual que la medicina se rige por reglas minuciosas y de procedimientos debidamente establecidos. Que al igual que la medicina, el derecho penal hace una diferencia entre la vida y la muerte tanto para las víctimas como para los acusados.

Por lo cual, más allá de advertirse en la postura manifestada por el órgano encargado de la procuración de justicia en el Estado de Oaxaca una actitud maliciosa en contra del gremio de la salud, se advierte la intención de hacer justicia, en un caso que a su parecer de acuerdo a los antecedentes del caso así lo amerita. Que esa postura sea la idónea: no lo sabemos. Que es debatible: seguro. Porque, todo en el derecho es debatible.

 

[1] Época: Novena Época Registro: 175604 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Penal Tesis: 1a. CV/2005 Página: 207 DOLO DIRECTO Y DOLO EVENTUAL. DIFERENCIAS.

[2] Época: Décima Época

Registro: 2004722  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3  Materia(s): Administrativa  Tesis: I.4o.A.92 A (10a.) Página: 1819  LEX ARTIS AD HOC. SU CONCEPTO EN MATERIA MÉDICA.

[3] Época: Décima Época  Registro: 2004694  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3  Materia(s): Penal  Tesis: I.9o.P.37 P (10a.)  Página: 1765

DOLO EVENTUAL. HIPÓTESIS EN LA QUE SE ACTUALIZA ÉSTE Y NO LA CULPA CON REPRESENTACIÓN, CUANDO EL ACTIVO COMETA UN HOMICIDIO POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO CON POSTERIORIDAD A UN ROBO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

 

La corrupción y el Sistema de Justicia Penal. ¿Quiénes son las víctimas?

Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas.
— Honoré de Balzac

El fenómeno que todos conocemos, pero que pocos queremos denunciar. El secreto a voces que día con día debilita nuestras instituciones y nuestra seguridad jurídica. El gran mal del que todos los mexicanos nos decimos cansados y enojados, pero del que pocos levantamos la voz para decir: basta. Es la corrupción.

La relación entre la corrupción y la justicia penal.

Ante la interrogante: ¿qué relación existe o debiera existir entre el fenómeno de la corrupción y el Sistema de Justicia Penal (SJP)? Parece atinado precisar que la corrupción es un problema multifactorial y su erradicación no recae exclusivamente en el ámbito jurídico. No obstante, el derecho penal debería ser el instrumento idóneo para investigar, sancionar y prevenir dicho fenómeno. Pese a ello, el SJP al día de hoy ha mostrado limitaciones sustanciales en dicho ámbito.

En este contexto valdría la pena puntualizar que existen dos vertientes dentro de la relación entre la corrupción y el SJP. La primera se refiere al SJP como herramienta fundamental del combate a los delitos de corrupción, y la segunda es la corrupción gestada dentro de la propia operación del SJP.

En este sentido, hay dos principales cuestionamientos que parecieran fundamentales: i) ¿qué está haciendo el derecho penal para combatir y erradicar la corrupción? y, ii) ¿cómo está el cáncer de la corrupción afectando la aplicación del SJP?

El SJP como herramienta de combate a la corrupción.

Respondiendo la pregunta antes planteada, debemos reconocer que desde diversas trincheras se han generado esfuerzos para que la justicia penal realmente se vuelva un instrumento efectivo de persecución de los delitos asociados a la corrupción, sin embargo, siguen vigentes ciertas dificultades para la adecuada investigación de estos delitos, de entre las que podríamos destacar: i) la falta de mecanismos de rendición de cuentas del órgano investigador, ii) dificultades de las autoridades para acreditar los delitos (incluyendo las deficiencias en las investigaciones), iii) falta de contrapesos por parte de la víctima, y iv) finalmente, la propia corrupción al interior del SJP.

Por ejemplo, la PGR durante su informe de resultados dentro del periodo del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, manifestó que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia es decir, donde actualmente se investigan una gran gama de tipos penales relacionados con la corrupción, inició 265 carpetas de investigación.[1]

Sin embargo, no se reporta que se hubiera judicializado ninguna de estas investigaciones dentro del sistema de justicia acusatorio, por lo tanto no se ha obtenido ninguna resolución judicial (sentencia) durante ese periodo. Estos resultados son contrastantes -escalofriantes- contra los altos índices de corrupción que se han detectado a través de evaluaciones a nivel nacional e internacional.

Así, uno de los grandes problemas del derecho penal en la lucha contra la corrupción, es que procesalmente la persecución de los delitos de corrupción presenta muchas dificultades debido a la falta de impulso procesal y a la falta de incentivos para darle seguimiento puntual a dichos procesos.

Lo anterior se debe en gran medida a que en algunos casos, no es tan clara la identificación de una víctima individual, y por tanto: (i) no existe persona interesada en poner en conocimiento de las autoridades el hecho delictivo, y (ii) no se genera el contrapeso contra la autoridad investigadora en el proceso penal para la persecución de estos hechos.

La corrupción dentro de la propia operación del SJP.

Ahora bien, regresando a la segunda pregunta planteada: ¿cómo está el cáncer de la corrupción afectando al Sistema de Justicia Penal? Es aquí donde inicia “otra triste historia” debido a que después de la reforma de 2008 parecía que, con la llegada de un proceso más transparente, justo y respetuoso de los derechos de las partes, el problema de la corrupción del propio sistema, simple y sencillamente desaparecería, así, como por arte de magia.

Pero pese a los importantes beneficios que se han generado en materia de debido proceso y acceso a la justicia, una de las principales problemáticas del sistema acusatorio, al igual o incluso más grave que en el sistema anterior (tradicional), sigue siendo la corrupción.

Efectivamente, pareciera parte de un cuento o de una historia surrealista, pero no,  la solicitud de dinero, bienes o beneficios por parte de ministerios públicos, policías, peritos o jueces, a cambio de cosas tan sencillas como unas copias de un expediente. O con consecuencias más complejas como el liberar a personas detenidas, determinar las investigaciones, acceder a un proceso abreviado con una condena menor o dar absoluciones a personas con plena evidencia de su culpabilidad, continúan siendo parte del día a día en el argot de la justicia penal en nuestro país.

No obstante, al igual que en los delitos de corrupción en general, se advierte que existen importantes espacios de oportunidad en la investigación y persecución de los delitos cometidos por los propios servidores públicos a cargo de la procuración de justicia en el desarrollo de un procedimiento penal. En el mismo periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 30 de junio de 2017, la Visitaduría General de la PGR, refirió que se iniciaron un total de 822 carpetas de investigación contra servidores públicos, se concluyeron 306 y, pero solo se judicializaron siete.[2]

Entrando al mundo de las problemáticas, ¿cuáles serán algunos de los factores más destacados por los que no se investigan y sancionan estos delitos? i) la falta de interés por parte de los testigos que regularmente pudieran estar vinculados con otro delito, ii) la pericia por parte de quien los comete (que son servidores públicos del SJP), iii) la vinculación de mandos medios y altos, y iv) especialmente la falta de contrapesos por parte de las víctimas.

En ese contexto, surge un nuevo y quizás más importante cuestionamiento ¿qué podemos hacer los ciudadanos frente la falta de efectividad del SJP en el combate a la corrupción?

La calidad de víctima u ofendido en los delitos de corrupción.

Habiendo argumentado a favor de la conveniencia de reconocer la posibilidad de intervención del sujeto afectado en los procesos penales, particularmente por lo que se refiere a su colaboración y el contrapeso que debiera ejercer, es importante poder identificar quien detenta esa calidad en los delitos de corrupción.

Sin embargo, procesalmente la persecución de los delitos de corrupción presenta varias dificultades, una de ellas, es la referida a quién puede ser considerado víctima u ofendido en estos delitos y, por tanto, legitimado para ser parte dentro del proceso penal.

Lo anterior toda vez que la mayoría de los delitos de corrupción, como cohecho, peculado, ejercicio indebido del servicio público, entre otros, consideran que el bien jurídico protegido por la norma no es un bien de titularidad individual. Sino que implican además un atentado directo contra una diversidad de bienes jurídicos, entre los que se distinguen: (i) la adecuada administración pública, (ii) la hacienda o erario público, (iii) la debida procuración y administración de justicia, (iv) el derecho a vivir libre de corrupción, y (v) la confianza ciudadana otorgada por el pacto social que establece la Constitución.

En ese contexto, y ante la pregunta: ¿quiénes son las víctimas? Parece el momento oportuno de plantearnos si resultaría jurídica y ontológicamente viable la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil, puedan representar los intereses colectivos de la sociedad como víctimas dentro de un proceso penal en los delitos de corrupción. Tal y como se ha incursionado en otras materias, como en las acciones colectivas civiles y en el interés legítimo en el juicio de amparo.

Adriana Greaves y Estefania Medina.

Cofundadoras de TOJIL

 

 

[1]  5° informe de labores 2016-2017 Gobierno de la República, consulta en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253660/4.SEIDF.pdf

[2] 5°Informe de labores 2016-2017 Gobierno de la República, consulta en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253666/9.VG.pdf.